Data

Date:
27-03-2000
Country:
Spain
Number:
Court:
Audiencia Provincial de Navarra
Parties:
E.M.C. v. A.B., S.L.

Keywords

LACK OF CONFORMITY - BUYER'S OBLIGATION TO GIVE NOTICE WITHIN REASONABLE TIME - SIX MONTHS AFTER DISCOVERY - NOT REASONABLE

Abstract

A United States seller and a Spanish buyer concluded a contract for the sale and purchase of office water dispensers, for a price of 59.878,85 Pounds Sterling. The goods were delivered and the price was not paid by the buyer. The seller commenced action in order to obtain the payment of the contract price of the goods. The buyer brought then a cross-action alleging the lack of conformity of the goods, also alleging that costly repairs were necessary as a consequence of the lack of conformity.

The Court found that the goods were delivered in the autumn of 1997, that the agreed price was not paid, and that the buyer, who had the possibility to examine the goods, had never notified the seller about the lack of conformity of goods until the seller's judicial action to obtain the payment of the price for the goods, in may1998.

In the opinion of the Court, according to Art. 36.2 CISG the Seller is liable for any lack of conformity of the goods, including in this liability the non-performance of the seller's obligation to guarantee the lack of defects in the goods sold.
The Court then held that the cross-action brought by the buyer was to be rejected, as the buyer had never requested the seller to perform its obligations to guarantee the lack of conformity, and as the buyer should anyway have notified the seller about the defects of the goods instead of repairing them without the seller's knowledge..

The Court also observed that according to Art. 46.3 CISG the buyer may ask the seller to repair the goods, provided a notification is made within a reasonable term after the lack of conformity is discovered.

The Court finally held that the lapse of time between the alleged discovery of the lack of conformity in autumn 1997 and the judicial cross-action in may 1998 was not reasonable, and condemned the buyer to pay the price of the goods.

Fulltext

[...]Primero. A) La entidad actora E.M.C. interpuso demanda de Juicio de menor cuantía frente a la C. de A.B., S.L. en reclamación de 59.578,85 libras esterlinas inglesas, importe de las mercancías que aquella vendió a ésta y que le fueron entregadas, según se acredita con las respectivas facturas en la que se establecía el pago a noventa días a contar desde la fecha de la misma, por lo que siendo aquellas de fecha, 16 de enero de 1997, 11 de febrero de 1997, 17 de abril de 1997, 18 de abril de 1997, 7 de mayo de 1997 y 30 de mayo de 1997, la fecha de pago respectivamente era el 16 de abril de 1997, 12 de mayo de 1997, 16 de julio de 1997, 17 de julio de 1997, 5 de agosto de 1997 y 29 de julio de 1997. Extremos acreditados documentalmente y reconocidos en la contestación a la demanda.

Llegada la fecha del vencimiento, resultaron impagadas por lo que la actora reclama a aquella judicialmente la deuda en virtud de los artículos 325, 339, 341 del Código de Comercio, y artículos 1145, 1500, 1501, 1089, 1091, 1101, 1108, 1254, 1255, 1256 y 1257 del Código Civil y Ley 591 del Fuero Nuevo de Navarra.
La demanda en su contestación reconoce la recepción de las mercancías y su importe (hecho quinto) pero entiende que el pago era a los 180 días de la entrega (documentos números 4 y 4.bis). Al mismo tiempo formuló reconvención frente a la autora.

B) la demandada "B., S.L." se dedica a la comercialización de agua fresca en centros de trabajo, encuentro, reunión, etc., para lo cual arrienda o vende a sus clientes un aparato electrodoméstico en forma de columna, "enfriador", que tiene una doble función y depósito de enfriar y calentar, y mediante dos grifos distribuye el agua, que se encuentra en un depósito de 18,9 litros (botellón) situado en posición invertida en la parte superior del electrodoméstico, que le suministró la actora en número de mil unidades.

Entiende la demandada y reconviniente que el sistema y depósito de agua caliente tenían una garantía de cinco años, incluida mano de obra.
Según aquella partir del mes de enero de 1997 se empiezan a registrar algunas anomalías en los electrodomésticos, cuyo primer exponente es que salta el automático o diferencial de la instalación eléctrica del local donde se encuentran conectados a la misma, descubriéndose que el causante de ello es el depósito de agua caliente y las resistencias eléctricas del mismo.
Como quiera que los clientes del B.N. tenían problemas con el electrodoméstico puesto que hacía saltar el diferencial de la instalación eléctrica, previa contratación de un ingeniero se comprobó que las averías se producían en el depósito de agua caliente y su sistema de calentamiento, razón por la que en otoño de 1997 aquella decidió efectuar una revisión preventiva de los enfriadores fabricados y suministrados por E., fruto de la cual fue que la demandada, y a su costa, hasta el 13 de marzo de 1998, corrigió 184 aparatos.

La solución dada por ella al problema consistió en suprimir el depósito del sistema de agua caliente, sustituyéndolo por una pequeña conducción que sirve agua a temperatura ambiente, en vez de caliente, dándose el caso que ésta suministra también infusiones en el tráfico de su empresa.

Las reparaciones efectuadas por la demandada ascienden a 6.380.480 pesetas (mano de obra, transporte, etc.), y valora en 18. 072.850 pesetas los futuros costos de la revisión y reparación del resto del parque de enfriadores existente y suministrados por la actora, siendo esta la razón por la que formuló reconvención frente aquella, en reclamación de 24.253.280 pesetas en sede de la Convención de Viena de 11 de abril de 1980 sobre Contratos de Compraventa Internacional, ratificada por España, mediante instrumento de adhesión de 17 de julio de 1990 (publicado en el Boletín Oficial del Estado de 30 de enero de 1991), y por Estados Unidos (sede de E.), con fecha de 31 de agosto de 1981, alegando los artículos 54 y siguientes, 71, en cuanto a la oposición al pago, artículo 36 párrafo 3º, en cuanto que la actora desatendió el cumplimiento de la garantía de los productos, artículos 44, 50, 74 de la Convención y, artículo 1156 del Código Civil, Ley de 6 de julio de 1994 que desarrolló la Directiva 85/374/CEE sobre responsabilidad civil por los daños ocasionados por productos defectuosos y la consideración de electrodomésticos que deben merecer los enfriadores en cuestión para que resulte de aplicación del Real Decreto de 29 de enero de 1988, sobre protección de los consumidores en aparatos electrodomésticos, y Real Decreto de 8 de marzo de 1991 sobre catálogos de bienes y servicios a efectos de la Ley General de Defensa del Consumidor de 19 de julio de 1989.
C) La sentencia estima la demanda en su integridad, y parcialmente la reconvención condenando a la actora a pagar la cantidad de 2.011.250 pesetas importe de la devaluación de cada uno de los 90 aparatos reparados, en los que según el informe pericial se constató que la avería se producía por una pérdida de aislamiento, sufriendo una depreciación de 10.000 pesetas cada uno al suprimir el sistema de agua caliente, ascendiendo a 1.111.250 pesetas la reparación de los mismos.

Segundo. A) La entidad actora recurre la sentencia, interesando se la absuelva de la demanda en su totalidad, alegando como fundamento de su recurso:
"Que si los electrodomésticos estaban en garantía, las averías jamás se pusieron en su conocimiento, haciendo la reparación la demandada por su cuenta como lo evidencia el documento número 3 de la contestación a la demanda, cuestionando el informe pericial por su falta de rigor".
B) La demandada reconviniente también apeló la sentencia, interesando la íntegra estimación de su demanda reconvencional y la desestimación del recurso de adverso, en base a los siguientes motivos:
a) Que la actora se negó a atender a las reclamaciones.
b) Falta de tutela judicial efectiva al ser inexistente un Convenio con USA en materia civil, y que la garantía no la podía hacer efectiva salvo que litiguen en Illinois.
c) Se notificaron las averías, cuya reparación se efectuó con personal propio.
d) Invocó los artículos 7, 36, 45, 50, 71 y 74 (sobre daños y perjuicios) de la citada convención.

Tercero. A) Lo primero que hay que determinar es si la demandada efectuó a la actora la reclamación por la avería que tenían los aparatos enfriadores/calentadores suministrados, y cuando lo hizo.
Esta es una cuestión de capital importancia, tanto para aplicar el propio derecho nacional como la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional.
Tras examinar los autos esta Sala declara como Hecho Probado que jamás la entidad demandada puso en conocimiento de la actora las deficiencias o averías que presentaban los 184 electrodomésticos en su sistema de calentamiento de agua.
Declaramos probado que mediante fax de 5 de febrero de 1997 (Documento número tres de la contestación) la demandada participó a la actora en relación al depósito de agua caliente lo siguiente: "Le hemos remitido por correo el depósito defectuoso para que puedan revisarlo y confirmarnos que está cubierto por la garantía. El elemento del depósito de agua caliente debe estar defectuoso (óxido) porque cuando se enchufa al enfriador se produce un cortocircuito".
Este fax es de vital trascendencia pues razonablemente es incomprensible que nada se diga de los defectos que presentan bastantes aparatos, sino que sólo hace referencia a un defecto de "un solo" electrodoméstico, y se reclama el envío de una pieza concreta.
Se alega por la reconviniente que en otoño de 1997 se detectaron anomalías o defectos en el sistema de agua caliente de 184 refrigeradores, un número importante, que justificaría por sí mismo la puesta en conocimiento de los mismos al fabricante, sin que exista constancia alguna de ello, llamando la atención la diligencia desplegada por la reconviniente para reclamar una pieza de un concreto aparato defectuoso, mediante aquel fax, y la falta de la misma para formular reclamación por el mismo medio por las deficiencias que presentaban aquellos aparatos, y que motivaron a la reconviniente, a revisar el resto de los mismos y formular la reclamación reconvencional, por importe de 24.253.280 pesetas cuando esta elevada cantidad, número de aparatos averiados y entidad de la avería (podía hacer inservible los mismos para la finalidad a las que se les destinaba), justificaba, o exigía el cumplimiento de la garantía, pues los aparatos le fueron entregados en 1997 según se desprende de las facturas cuyo pago se reclama, o resolver el contrato de compraventa por ser el objeto inservible a su finalidad al amparo del artículo 1124 del Código Civil o ejercer la acción de saneamiento por defectos ocultos del artículo 1484 y siguientes del Código Civil y artículo 345 del Código de Comercio, antes de reformar por su cuenta los electrodomésticos.

En el supuesto de que hubiera dado el aviso de las averías en plazo razonable siempre tendría que haber exigido el cumplimiento de la garantía, y en caso de haber obtenido una resolución judicial condenatoria a la actora a reparar la avería, sólo en caso de no hacerlo en el plazo que se le señale, puede la demandada hacerlo a su costa (artículo 924 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), pero nunca se puede admitir la reparación de una avería por el comprador, a costa del vendedor sin que éste tenga oportunidad de reclamarlos, aunque tal obligación le sea impuesta judicialmente, so pena de causarle indefensión, vedada por el artículo 24 de la Constitución española, pues el vendedor puede subsanar a su propia costa, después de la entrega el incumplimiento de sus obligaciones, si puede hacerlo sin una demora excesiva y sin causar al comprador inconvenientes excesivos, lo que determina la inaplicación del artículo 50 de la Convención, invocado por la reconviniente, en cuanta a la rebaja del precio.

De haber solicitado la reconviniente el cumplimiento de la garantía a la actora ésta hubiera tenido la oportunidad de reparar las averías por sus propios medios, y le hubiera salido más barato, o simplemente hubiera podido sustituir los aparatos defectuosos por otros.
Nada se opone a lo anterior el hecho de que la actora, tenga su residencia en Illinois (U.S.A.), y sea inexistente con tal país un convenio en materia civil, pues nada impedía que la actora fuera demandada en España a efectos de exigir el cumplimiento de la garantía de los aparatos con deficiencias o ejercitar aquellas acciones al igual que la actora reclama el pago a la demandada ante los Tribunales españoles, y de haber ejercitado la demandada aquellas ante los Tribunales españoles, y de haber ejercitado la demandada aquellas ante los Tribunales españoles, como lo ha hecho ahora con la reconvención, en modo alguno se le habría privado de la tutela judicial efectiva, que no se le ha privado.
B) Las mercancías se solicitan desde España y en este país se entregaron a la demandada, luego los Tribunales competentes para el conocimiento de todas las acciones derivadas de la compraventa eran los Tribunales españoles [artículo 31.c) de la Convención de Viena de 1980 sobre Compraventa Internacional de Mercaderías y artículo 62.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil].

C) Una de las obligaciones del vendedor según el Código Civil y de Comercio (artículo 1461 y siguientes del Código Civil, 329 y concordantes del Código de Comercio y artículo 30 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercancías de 11 de abril de 1980) es la entregar la mercancía y el comprador tiene la obligación de pagar el precio (artículo 1500 del Código Civil y artículo 53 y siguientes de la citada Convención).
Resulta que las mercancías fueron entregadas y su precio impagado, debió serlo a los 90 días de presentada la factura del vendedor, o en todo caso a los 180 días desde su presentación según sostiene la demandada, que tuvo la posibilidad de examinar las mercancías (artículo 58.1 y 3 de la Convención), sin que nada en contra manifestara desde su recepción en 1997 hasta la reclamación judicial del pago el 17 de marzo de 1998, fecha de presentación de la demanda).

Dispone el número 2 del artículo 36 de la Convención que el vendedor será responsable de toda falta de conformidad ocurrida después de la transmisión del riesgo, incluido el incumplimiento de cualquier garantía de que las mercaderías siguieron siendo aptas para su uso ordinario.
La aplicación de este precepto determina la desestimación del recurso de la demandada/reconviniente, pues no exigió el cumplimiento de la garantía al fabricante, sin perjuicio de lo que proceda durante la vigencia de la misma, por lo que si el vendedor ha entregado la cosa al comprador no puede ejercitar las acciones derivadas del artículo 45 de la Convención.
Conforme al número 3 del artículo 46 de la Convención el comprador puede exigir la reparación de la mercadería, siempre que se comunique tal circunstancia al vendedor dentro de un plazo razonable a partir del momento en que la haya descubierto.
Si las primeras averías se descubren, según contestación de la demanda en otoño de 1997, ninguna comunicación se hace, sobre los aparatos defectuosos, salvo sobre uno ya aludido mediante fax de 5 de febrero de 1997, hasta la reconvención judicial, el 11 de mayo de 1998, este lapso de tiempo en modo alguno es razonable, no sólo en sí, sino por la mala imagen que en el mercado nacional causa a B.N. el proporcionar unos aparatos defectuosos a sus clientes.
Cuarto. El informe pericial que sirve al Juez de instancia para estimar parcialmente la reconvención ha de ser rechazado puesto que el perito no vio los aparatos averiados, sino que los vio una vez desmontados y separadas las piezas averiadas, sin que pudiera relacionar los calentadores averiados con los dispensadores en los que estaban instalados, y la valoración de los daños la efectuó teniendo en cuenta los datos que le proporcionó la demandada B.N., concediendo la sentencia una indemnización por depreciación de 10.000 pesetas, por cada uno de los 90 aparatos, cuya reparación ascendía a 1.111.250 pesetas.

Dicho informe incluye también el importe de la reparación de futuras averías, lo cual es rechazable.
Por los motivos expuestos, dado que las mercancías fueron entregadas, vistos los artículos citados de la Convención referida, el 341, 339 del Código de Comercio, 1.145, 1500, 1508, 1089, 1101, 1108 y demás concordantes del Código Civil procede estimar el recurso de apelación de la actora, lo que implica desestimar el de la reconviniente y su reconvención.

Quinto. Las costas del recurso desestimado se imponen a la reconviniente a quien se imponen también las de la primera instancia por su reconvención ahora desestimada, sin que proceda condena respecto del recurso estimado en esta instancia (artículo 523 y 720, párrafo 2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
FALLO
Que estimado el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de "E.M.C.", y desestimando el interpuesto por la representación procesal de A.B., S.L., revocamos parcialmente la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Dos de Pamplona, en autos de Juicio de menor cuantía número 252/1998, en el único y exclusivo sentido de dejar sin efecto la condena que el fallo efectúa respecto de E.M.C., a quien absolvemos de la demanda reconvencional formulada contra ella por la representación procesal de la C. de A.B., S.L., a quien imponemos las costas de la primera instancia por su reconvención desestimada y la de la segunda por su recurso desestimado, sin que proceda condena respecto del estimado.
El resto del fallo apelado queda subsistente e inalterable en todo lo no modificado por el presente.}}

Source

Published in Spanish:
Revista General de Derecho, septiembre 2000, 12536-12540

http://www.uc3m.es/cisg/sespan11.htm}}